Datos contrastados en diversas fuentes. Todo el contenido de este artículo está contrastado en múltiples medios y fuentes primarias (listado completo al final); las únicas excepciones son los puntos señalados expresamente como opinión de terceros o como afirmación sin confirmar.
Un contexto histórico que no se suele contar
Ceuta y Melilla eran territorio bajo soberanía ibérica siglos antes de que existiera Marruecos como Estado moderno. Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 (reinado de Juan I), pasó a la Corona española en 1580 con la Unión Ibérica, y tras la disolución de esa unión en 1640 la ciudad decidió mantenerse bajo soberanía española, reconocido jurídicamente por el Tratado de Lisboa de 1668. Melilla fue tomada por la Corona de Castilla en 1497, apenas cinco años después de la conquista de Granada. Ambas ciudades han permanecido de forma ininterrumpida bajo soberanía española desde entonces: más de cinco siglos en el caso de Melilla, más de tres siglos y medio en el de Ceuta. Marruecos, como Estado independiente moderno, no existe hasta 1956 — 541 y 459 años después, respectivamente.
Esto no significa que el territorio del actual Marruecos careciera de organización política en esos siglos: existieron dinastías como los saadíes o los alauíes, esta última la que reina hoy. El argumento histórico español es que esas monarquías no equivalen al Estado marroquí actual, surgido tras un proceso posterior. Marruecos, por su parte, sostiene su reivindicación bajo la idea del «Gran Marruecos» —que incluye también el Sáhara Occidental— y en su día llevó el caso ante la ONU como territorio pendiente de descolonizar, reclamación que fue desestimada. Las fechas en sí son un hecho verificable; a quién «corresponde por derecho» el territorio sigue siendo una disputa política que cada lector puede valorar con este contexto en la mano.
Cronología de los hechos
Entre el 20 y el 29 de julio de 2026 se produjo un repunte sostenido de entradas irregulares en Ceuta, unas 1.500 personas en pocos días — cifra ya excepcional para el periodo. El 30 de julio llegó la entrada masiva a gran escala: entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron la frontera en 24-48 horas, por varias vías a la vez. Una parte lo hizo a nado bordeando los espigones de El Tarajal y Benzú; otra parte entró a pie, saltando tramos de valla que en ese momento no estaban custodiados por la policía marroquí (EFE constató zonas sin dispositivo policial visible, con cientos de personas alcanzando el espigón y la alambrada sin oposición). También hubo intentos en pequeñas embarcaciones, y entradas menores en Melilla.
El perfil de los migrantes fue mayoritariamente de ciudadanos marroquíes (varones jóvenes), junto con argelinos ya presentes en Marruecos, menores no acompañados y algunas familias. La cifra de fallecidos se fue revisando al alza: entre 57 y 67 personas según los primeros balances del Ministerio del Interior, la mayoría por ahogamiento y por una estampida en un espigón fronterizo; a fecha de hoy la cifra asciende a 72, según Reuters citando a autoridades locales.
España respondió con el despliegue del Ejército como apoyo logístico y la coordinación con Marruecos para la repatriación: el Ministerio del Interior cifra en unas 48.300 las personas ya devueltas en las primeras 24-48 horas. Italia reintrodujo controles fronterizos con España para viajeros no europeos y llegó a cuestionar la permanencia de España en el espacio Schengen, algo que Pedro Sánchez calificó de «prejuicio, bulo, ignorancia o interés político». El 1 y 2 de agosto, España anunció una barrera de contención marítima adicional de 500 metros entre Ceuta y Marruecos.
Sobre un vídeo que circula y no es lo que parece
Esta semana ha circulado un vídeo de un supuesto agente marroquí abriendo una verja fronteriza, presentado como prueba de que Marruecos facilitó la entrada. Está desmentido por partida doble: tanto Maldita.es como una verificación independiente de Lead Stories/Yahoo confirman que el vídeo es en realidad de mayo de 2021 —publicado entonces por el Sindicato Unificado de Policía— y circula ahora reciclado fuera de contexto. Esto no invalida el reporting, sí legítimo y separado, de EFE sobre tramos de valla sin custodia policial marroquí durante los sucesos de esta semana; simplemente, ese vídeo concreto no es prueba de nada de 2026.
El detonante legal
Detrás del cambio de patrón hay una pieza jurídica muy concreta. La Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, introducida en 2015, permite el «rechazo en frontera» —las llamadas devoluciones en caliente— para quien es detectado superando elementos de contención fronterizos como vallas. El 8 de julio de 2026, semanas antes de la avalancha, el Tribunal Supremo resolvió que esa disposición no aplica a quienes entran a nado, solo a quienes superan vallas físicamente: quien cruza nadando debe pasar por el procedimiento de devolución ordinario, con más garantías y más tiempo de tramitación.
Varios medios señalan que esta sentencia coincide con el cambio de patrón observado: una parte significativa de las entradas se hizo a nado, precisamente la vía que ya no permite el rechazo inmediato. Conviene matizar, no obstante, que quienes entraron a pie por tramos de valla sin custodia sí seguirían, en teoría, sujetos al rechazo en frontera — la sentencia explica el patrón de quienes cruzaron a nado, no la totalidad de la entrada. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido cerrar ese vacío legal, y el PP mantiene una proposición de ley, presentada semanas antes de la crisis, para extender el rechazo en frontera también a los accesos marítimos. El Gobierno no ha anunciado por ahora una reforma exprés.
Sobre las garantías del propio mecanismo: el Tribunal Constitucional exige que el rechazo en frontera cumpla con control judicial, asistencia letrada e intérprete, y verificación de minoría de edad y de posible protección internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso N.D. y N.T. contra España (2020), avaló en su día el mecanismo bajo esas condiciones, sin que ello contradiga la interpretación posterior del Supremo sobre los accesos a nado.
Lo que dicen los partidos — opinión, no hecho
Vox (con Santiago Abascal a la cabeza) calificó los hechos de «invasión» y afirmó, sin aportar prueba pública, que se trataba de una operación «llamada por el Gobierno corrupto de Sánchez», exigiendo la dimisión de Sánchez y Marlaska y la movilización de las Fuerzas Armadas. El PP responsabilizó al Gobierno de una reacción tardía y pidió mayor presión diplomática sobre Rabat, sin emplear el término «invasión». El Gobierno rechazó que la política de regularización de extranjeros hubiera provocado las entradas, y el ministro Marlaska defendió a Marruecos como «socio fiable». Otros partidos criticaron el uso del término «invasión» y pidieron diferenciar la protección de fronteras de la atención humanitaria debida a menores y familias.
El trasfondo geopolítico
España abandonó en marzo de 2022 su histórica neutralidad sobre el Sáhara Occidental para respaldar el plan marroquí de autonomía del territorio, un giro que provocó el rechazo del Frente Polisario y marcó un acercamiento posterior entre Madrid y Rabat. En paralelo, Marruecos mantiene una rivalidad de fondo con Argelia —valedora del Polisario— por la influencia regional. Varios analistas apuntan a un posible detonante adicional: Pedro Sánchez viajó a Argelia el 20 de julio de 2026, diez días antes del inicio de la crisis, y algunos medios interpretan ese acercamiento hispano-argelino como una posible explicación del momento elegido para relajar la presión fronteriza marroquí, a modo de recordatorio de la dependencia española de la cooperación marroquí en materia migratoria. El Gobierno español ha evitado establecer ese vínculo de forma oficial.
No sería la primera vez: en la crisis de mayo de 2021, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, acusó públicamente a Marruecos de «chantaje», en un episodio que coincidió con la acogida en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Marruecos nunca reconoció esa relación causal. En 2022 se documentó además que el teléfono de Pedro Sánchez fue espiado con el software Pegasus, un episodio que ensombreció aún más la confianza bilateral, sin que el origen del espionaje se haya confirmado judicialmente de forma pública.
A esto se suma un eje de fondo cada vez más documentado entre Washington, Tel Aviv y Rabat. En diciembre de 2020, Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara relaciones con Israel. En noviembre de 2021 se firmó el primer memorando de defensa entre ambos países, abriendo la puerta a la venta de armamento y tecnología militar israelí a Marruecos; en julio de 2023, Israel reconoció también, por su cuenta, la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En enero de 2026, Israel y Marruecos firmaron un plan de trabajo militar conjunto, y Marruecos ya opera sistemas israelíes —drones, municiones merodeadoras, guerra electrónica— que varios analistas describen como desplegados «en el flanco sur de España». En abril de 2026, medios israelíes como Ynet especularon con un posible respaldo israelí a las aspiraciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, como extensión lógica de los Acuerdos de Abraham, aunque esto se presenta como análisis de esos medios, no como política oficial confirmada por Israel. La relación bilateral hispano-israelí, entretanto, se ha deteriorado: España mantiene un embargo de armas a Israel desde octubre de 2025 y reconoció el Estado palestino en 2024. Un dato curioso que ha resurgido esta semana: en 2019, Yair Netanyahu —hijo del primer ministro israelí, sin cargo oficial él mismo— publicó mensajes pidiendo «liberar» Ceuta y Melilla, mensajes que han vuelto a circular en redes durante esta crisis.
Todo lo anterior documenta una alianza estratégica real y creciente entre Estados Unidos, Israel y Marruecos, y una relativa pérdida de la superioridad histórica española en el Estrecho. Ninguna fuente consultada sostiene, sin embargo, que exista un plan explícito para apartar a España de la región — ese salto interpretativo no lo respalda ningún analista citado, y lo señalamos aquí como línea que separa el dato documentado de la especulación.
Dos afirmaciones que han circulado esta semana, verificadas
«Dos ministros acudieron a la embajada marroquí a celebrar mientras entraba la gente»: según Maldita.es, Marlaska no aparece en ninguna fotografía del acto por el 27º aniversario de la coronación de Mohamed VI, celebrado el 30 de julio en la Embajada de Marruecos en Madrid. Moncloa afirma que el único ministro que finalmente acudió fue Luis Planas, de Agricultura. Es cierto que la agenda prevista tanto de Marlaska como de la ministra Elma Saiz incluía su asistencia, pero no hay confirmación de que asistieran realmente, y las imágenes que han circulado como «prueba» son en realidad de 2024 y 2025. El vídeo que amplificó esta acusación procede de un canal de Telegram ya identificado como fuente habitual de una red de desinformación rusa.
Agentes de inteligencia marroquíes infiltrados: El Español publicó en exclusiva, citando fuentes del Estado Mayor de la Guardia Civil, que se habrían detectado agentes vinculados a los servicios de inteligencia marroquíes entre los migrantes que cruzaron los días 30 y 31 de julio. Es, de momento, una fuente única sin confirmación oficial de ningún gobierno. Marruecos, por su parte, ha declarado que los intentos de llegada masiva fueron impulsados por información falsa difundida en plataformas digitales. The Telegraph recoge que servicios de inteligencia occidentales sospechan que Rabat facilitó deliberadamente el paso como represalia por el acercamiento de Madrid a Argelia, aunque de nuevo se trata de una sospecha, no de un hecho confirmado. Un dato que circula con la etiqueta de «autor intelectual» señalando a un consejero del rey Mohamed VI no aparece en ninguna fuente de fiabilidad alta y no debe tomarse como confirmado.
Por último, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, acusó sin pruebas a Benjamín Netanyahu de pagar a migrantes para que arriesgaran su vida entrando desde Marruecos — una declaración política sin ningún respaldo documental, que recogemos como lo que es: una opinión de un mandatario extranjero, no un hecho.
¿Traición? Lo que dice realmente la ley
En redes se ha llegado a calificar de «traición» la actuación de algunos responsables políticos ante esta crisis. Merece la pena repasar qué dice la ley al respecto. El delito de traición está regulado en el Código Penal común (artículos 581 a 588, delitos contra la Corona y la Nación) y, de forma agravada, en el Código Penal Militar. Las penas son severas — hasta 20-25 años de prisión en los supuestos más graves, como inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra a España. Pero el propio tipo penal exige, salvo excepciones muy tasadas, que el sujeto sea militar, y en la mayoría de los supuestos agravados, que los hechos ocurran en tiempo de guerra o conflicto armado. No está pensado para la actuación política o diplomática de un cargo civil en tiempos de paz, por controvertida que resulte. No existe, por tanto, base legal para calificar de traición la gestión de esta crisis por parte de ningún ministro — la crítica política, en cambio, sigue siendo tan legítima como siempre.
La actualización de hoy, 4 de agosto
El Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta, destinada a atender a los menores migrantes no acompañados, que se suman a los 5,5 millones ya asignados en julio. La ciudad autónoma tiene actualmente 862 menores acogidos frente a una capacidad ordinaria de 29 plazas —una sobreocupación del 2.872%— y se van a habilitar dos colegios como espacio adicional. Interior prepara además una nueva barrera de contención fronteriza en Melilla, ante el riesgo de que la presión migratoria se traslade allí. Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas, mientras el PP lleva el conflicto al Parlamento Europeo para mantener la presión sobre el Gobierno.
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Fuentes consultadas
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